La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reportado en informes recientes que cerca de 39.000 mujeres o personas gestantes mueren cada año en el mundo a causa de abortos no seguros. Por su parte, la organización Médicos sin Fronteras asegura que esta es una de las cinco causas de mortalidad materna, a pesar de ser la única totalmente prevenible.
En Colombia, el pasado 21 de febrero se cumplieron dos años de la sentencia C-055, a través de la cual la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24. En el marco de la conmemoración de esta fecha, organizaciones feministas como el Observatorio para la Equidad de las Mujeres, de la Universidad Icesi y la Fundación WWB, se han pronunciado para pedir garantías relacionadas con este derecho.
“Conmemoramos esta fecha y hacemos un llamado por la descentralización: la autonomía sobre nuestros cuerpos no puede tener fronteras en Bogotá. Desde otros municipios hemos levantado la mano para el seguimiento y la implementación regional de la despenalización del aborto. En las áreas rurales se hace mucho más crítico el derecho a abortar”, dijo Lina Buchely, doctora en Derecho y directora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres.
De acuerdo con una investigación realizada entre 2021 y 2023 por esta entidad en Buenaventura (Valle del Cauca) y Guapi (Cauca), las mujeres en estos territorios tienen grandes dificultades para que se les garanticen sus derechos sexuales y reproductivos, entre los que está la interrupción voluntaria del embarazo: en Buenaventura, por ejemplo, una mujer puede tardarse hasta dos horas en desplazarse hasta un centro asistencial donde se pueda practicar un aborto legal y seguro. Si está en zona rural, se demora hasta cinco horas.
En Guapi, deben desplazarse por vía marítima o aérea hasta Popayán, que es la ciudad más cercana para acceder a estos procedimientos. “En la investigación encontramos cómo las mujeres de estos territorios con población principalmente afrocolombiana desconocen la
interrupción voluntaria del embarazo, el acceso que pueden tener a ella y la gratuidad del procedimiento”, explicó Paola Euscátegui, coordinadora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres.
“Es fundamental que sigamos participando en estos procesos y que podamos exigirle al gobierno las garantías que las personas gestantes necesitan para acceder a los abortos seguros hasta la semana 24. Como ciudadanía debemos ahondar en los estereotipos, estigmas y prejuicios que a veces se tienen con las personas que van a realizarse estos procedimientos. Esto garantiza la salud sexual y reproductiva de las mujeres, su justicia reproductiva y su autonomía sexual y reproductiva”, agregó Euscátegui.
Cabe recordar que, desde el año 2006, una mujer en Colombia podía solicitar la interrupción legal de su embarazo al encontrarse bajo tres causales: si el embarazo constituía peligro para su vida o su salud, si existía una grave malformación del feto que hiciera inviable su vida o si el embarazo era resultado de una conducta de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, inseminación artificial o trasferencia de óvulo fecundado no consentidas, o incesto. Quienes acudieran al aborto sin estar circunscritas en estos tres motivos podían incurrir en prisión entre 16 y 54 meses.
Si bien la despenalización del aborto en Colombia contempla hasta la semana 24, es decir, cerca del sexto mes de gestación, un informe de Profamilia, que es el principal prestador de servicios de salud sexual y reproductiva en el país, reveló que el 75% de las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo a través de esta entidad lo hace antes de la novena semana, y un 88% lo hace antes de la semana 12.
“Persisten obstáculos como la objeción de conciencia de los médicos, que dan juicios de valor frente a las mujeres que quieren abortar. Esto genera estigmas morales. Además, existe desinformación sobre la gratuidad de este procedimiento y su inclusión en el Plan Obligatorio de Salud. También hay conflictos frente a la confidencialidad de estos procedimientos y todo deriva en la estigmatización de las mujeres”, afirmó la investigadora Paola Euscátegui.
Un aborto sin consentimiento: el caso de Andrés Felipe Muñoz y Milena Uribe
Además de exigir garantías para las mujeres que deseen interrumpir su embarazo dentro del tiempo permitido por la ley, el Observatorio para la Equidad de las Mujeres hizo un llamado al respeto y la dignidad de aquellas que deciden llevar sus embarazos a términos. Esto, a propósito del caso de Andrés Felipe Muñoz, exintegrante de la banda musical Tr3s de corazón, quien con engaños indujo al aborto a Milena Uribe, con quien había tenido relaciones sexuales y estaba en embarazo.
En marzo de 2022, tan solo un mes luego de que se hubiera emitido la sentencia de despenalización del aborto hasta la semana 24 en Colombia, el juez que llevaba el caso tras la denuncia de Milena Uribe emitió una sentencia en la que absolvió a Muñoz. Sin embargo, la defensa de Milena apeló y el tribunal falló a su favor el pasado 14 de febrero, fecha en la que Muñoz fue condenado por el Tribunal de Medellín por el delito de aborto sin consentimiento.
“Este fallo reciente contra Andrés Muñoz también es un avance significativo porque muestra que las mujeres tenemos derechos y que no nos pueden obligar a hacer cosas sobre nuestro cuerpo que no queremos. Es muy importante que sigamos trabajando para que la política integral de salud sexual y reproductiva en el país se cumpla para todas las personas”, finalizó Natalia Escobar, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres.
